Ante la Fiscalía en Delitos Electorales de la FGR, la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez denunciará a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, su secretario de Finanzas, de intentar desviar fondos destinados a la capacitación de mujeres, específicamente 32 millones de pesos.
Arcos Velázquez compartió en diferentes entrevistas con medios de comunicación que, tras enfrentar presiones, se vio forzada a aceptar y ejecutar un esquema de desvío de fondos del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, del cual era la presidenta.
«Ese recurso no puede ser utilizado como caja chica de los dirigentes priistas», afirmó y señaló que los fondos estaban auditados y bajo supervisión del INE.
Particularmente en la gestión de un fondo del 3% destinado a la capacitación de mujeres en partidos políticos, la legisladora tamaulipeca expuso que la denuncia se basó en la obstrucción de sus facultades como líder del organismo, al enfocarse en la violencia política en razón de género.
«Alejandro Moreno y su secretario de Finanzas me presionaron para buscar generar un esquema en donde ellos pudieran retornar la mitad de un recurso de 32 millones», expuso.
En los tres primeros años de su administración, Arcos Velázquez manejó los fondos con transparencia, según afirmó. Pero al llegar al cuarto año, fue presionada por Moreno y Gutiérrez Arroyo para que simulase el empleo de estos recursos en capacitaciones online de un instituto de un «instituto patito».
La evidencia que sustenta la denuncia de la diputada consiste en un audio del 27 de junio de 2023, donde Gutiérrez Arroyo propone cursos en línea a costos reducidos, con la idea de reintegrar el sobrante a la Secretaría de Finanzas.
«Ellos me pedían que me prestara yo para poder simular usar el recurso y ellos quedarse con la mitad del recurso», enfatizó la diputada en la entrevista con López-Dóriga.
«Como yo me negué a esto, lo que se viene es violencia política en razón de género», afirmó Arcos, quien además enfrentó la exclusión de las actividades del partido y fue destituida de su cargo sin una notificación formal, además de ser privada de sus funciones administrativas. La presión que enfrentó incluyó la propuesta de impartir tres cursos en línea, cada uno con un valor supuesto de 11 millones de pesos.
La destitución de Arcos ocurrió el pasado diciembre, y se le negó realizar la entrega formal de su gestión. Además, antes de asistir a una reunión con la Contraloría del PRI para entregar un vehículo y laptops, fue sometida a un registro que incluía la confiscación de cualquier dispositivo de grabación que pudiera tener consigo.
Al desconocer qué ocurrió con el recurso asignado para la capacitación de mujeres, la diputada finalmente presentó una queja ante el área de Fiscalización del INE.
“El daño no fue únicamente a mí como dirigente, fue a las miles de mujeres que año con año tenían acceso a una escuela nacional de mujeres priistas, a actividades con instituciones de prestigio, y básicamente mi temor era que me involucraran en un tema de corrupción”, sentenció.