A tres años del trágico colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que resultó en la pérdida de 26 vidas y dejó numerosos heridos, los familiares de las víctimas han decidido intensificar su lucha por la justicia y evitar que el caso caiga en la impunidad. Han anunciado nuevas denuncias y demandas para perseguir responsabilidades y prevenir futuros incidentes similares.
Nancy Ramírez, una de las sobrevivientes del accidente, expresó durante una ceremonia religiosa su profunda decepción por la falta de apoyo y olvido percibido por parte de las autoridades. Ramírez se unió a otros familiares para denunciar la aparente falta de voluntad de las instituciones para brindar el apoyo necesario a las víctimas y sus familias.
El abogado de las víctimas, Teófilo Benítez Granados, señaló que las acciones legales incluirán una reclamación patrimonial y acusaciones contra funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México por su presunta negligencia en el manejo de la crisis. Además, se interpondrá una denuncia ante el Tribunal Electoral de la misma entidad contra partidos políticos por presunta explotación política del suceso.
Benítez Granados indicó que los procedimientos legales han enfrentado retrasos debido a presuntos vínculos de protección hacia antiguos funcionarios de la administración capitalina. Afirmó que presentará quejas para agilizar los procedimientos y lograr avances en el proceso judicial.
La audiencia reciente en el Tribunal Superior de Justicia marcó un momento significativo en el caso, al anunciarse el fallecimiento de Leonardo Alcázar Pancardo, quien se desempeñaba como director responsable de obra. Como resultado, la defensa solicitó la conclusión del proceso en su contra.
El trágico incidente del 3 de mayo de 2021, cuando un segmento elevado de la Línea 12 se derrumbó entre las estaciones de Olivos y Tezonco, no solo tuvo consecuencias devastadoras en términos de vidas perdidas, sino que también desató cuestionamientos sobre la seguridad y gestión de la infraestructura de transporte en la capital.
A tres años de la tragedia, la demanda de respuestas y justicia persiste. Los afectados y la sociedad civil esperan acciones concretas que no solo castiguen a los responsables, sino que también garanticen que tragedias similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.